"AREVALO, RIVAS Y PACIELLO NO TIENEN CAPACIDAD PROFESIONAL NI ALTURA MORAL", AFIRMAN
La fiscala Casse Giménez, suspendida en el cargo e investigada por presunta «inmoralidad» por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), ahora busca investigar a los miembros que la pretenden juzgar y para ello pidió informes sobre el presidente del órgano Orlando Arévalo, del diputado Hernán David Rivas y del abogado Oscar Paciello. El hecho cayó como un «balde de agua fría» en el seno de la institución que juzga a Magistrados.
Orlando Arévalo, Hernán David Rivas y Oscar Paciello están en la mira de las investigaciones de la fiscala Casse Giménez quien, bajo patrocinio de los abogados Juan Martín Barba y Rodrigo Cuevas, pidió informes sobre los mismos al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Según la defensa de la fiscala Giménez, el objetivo claro de la medida es demostrar suficientemente que quienes pretenden juzgar por «inmoralidad» a la agente del Ministerio Público, no reúnen ni la capacidad profesional, ni la altura moral para dictar sentencia sobre la actuación de la fiscala.
En tal sentido se ha pedido informe al JEM sobre: El título universitario de la carrera de Derecho; el número de Matricula de Abogado; y la presentación de tesis doctoral, con la especificación del tema abordado y la fecha de obtención del título de Doctor en Derecho del presidente de la institución Orlando Arévalo.
Recordemos que el actual titular del JEM se recibió en una universidad de dudosa reputación llamada «Leonardo Da Vinci», cuya carrera de Derecho justamente no tiene aprobación del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES).
El propio Arévalo, tras una consulta de la prensa, no supo responder dónde quedaba la sede de la Universidad Leonardo Da Vinci, donde supuestamente se recibió, lo que evidenciaría que el mismo ni siquiera pisó la facultad poniendo en duda incluso la legitimidad de su título de abogado y por ende de todos los demás presuntos logros de grado y posgrado que aparecen en su currículum.
Otro de los cuestionamientos hacia Arévalo es su increíble crecimiento patrimonial pasando en muy poco tiempo de 250 millones a 4.600 millones de guaraníes con un sueldo de solo 13 millones mensuales.
Por otro lado, la fiscala Giménez pidió igualmente informes sobre el diputado Hernán David Rivas, también miembro del JEM, solicitando título universitario de la carrera de Derecho y número de Matricula de Abogado.
Cabe mencionar que el diputado Rivas, conocido públicamente por sus graves problemas con el idioma castellano y la oratoria, recibió su título universitario el mismo día que juró como miembro del JEM, es decir, ni siquiera pudo haber tenido Matrícula de Abogado (documentación posterior al título) para asumir al JEM.
A Rivas se le cuestiona además haber ingresado en remplazo de Ramón Romero Roa quien todavía no había cumplido los 5 años de mandato legal para miembros del JEM, por lo que este último presentó una acción de inconstitucionalidad contra su remoción.
El tercer pedido concreto presentado por la fiscala Giménez ante el JEM, tiene que ver con el abogado Oscar Paciello, también miembro del órgano que juzga a Magistrados. Al respecto, pide la Resolución por el cual el JEM resolvió la remoción del Agente Fiscal José Luis Silva, en la causa correspondiente a la denuncia formulada por el abogado Oscar Paciello.
Se trata de un caso en el cual el citado fiscal Silva fue destituido del cargo por ordenar la detención del abogado Oscar Paciello, quien fungía de defensor (sin tener poder para ello) del criminal Luis Raúl Menocchio, y aparentemente incurrió en la frustración a la persecución penal ocultando datos sobre el homicida que permitan su captura. Posteriormente Menocchio se dio a la fuga pero aun así Paciello acudió al JEM pidiendo la destitución del fiscal Silva por «mal desempeño».
«Ofrezcan como prueba el expediente (de su caso) y evidenciarán de manera irrefutable y concluyente la arbitrariedad, la manipulación y el total y absoluto desprecio hacia mis derechos y garantías constitucionales, que ya tramité ante la CIDH», manifestó el propio ex fiscal José Luis Silva ante el pedido presentado por la fiscal Casse Giménez ante el JEM.
Es importante señalar que Silva presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidiendo un resarcimiento a las violaciones a sus derechos lo que, al igual que el caso del ex fiscal Alejandro Nissen podría significar un millonario costo al Estado paraguayo.
Asimismo, en el caso de Oscar Paciello se puede mencionar además el sonado caso del audio con el ex secretario general del JEM, Raúl Fernández Lippmanm, acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, en el cual Paciello pidió «una mano» a Lippman en un caso que estaba llevando el abogado.
Se debe mencionar que por el mismo caso de los audios fueron condenados el ex senador Oscar González Daher (+) y Fernández Lippman, siendo absuelto el ex senador Jorge Oviedo Matto, el mismo que presentó denuncia por «mal desempeño» en contra de la fiscal Casse Giménez quien la acusó de tráfico de influencias y de «aprietes» al ex legislador.
La propia asesoría jurídica del JEM había dictaminado rechazar y archivar la denuncia de Oviedo Matto en contra de la fiscal Giménez argumentando que una causa penal como la planteada por el ex legislador no era competencia del JEM. Sin embargo, a instancias del abogado Oscar Paciello (ya como presidente del JEM), quien pidió un informe a la Corte Suprema, se logró reabrir el caso y ampliar la acusación contra la fiscala metiendo la figura de «inmoralidad de la vida pública».
En resumidas cuentas, todas éstas personas, que tienen títulos de dudosa procedencia, que no tienen Matrícula de Abogado, que nunca han transitado por los pasillos el Palacio de Justicia como profesional del Derecho, y que tienen serios cuestionamientos éticos y morales en reiterados casos donde han tenido participación, son los que hoy quieren dictar cátedra de moral y juzgar por «inmoralidad» a una agente fiscal con un extenso e intachable curriculum, sólo para cumplir con facturas políticas de verdaderos impresentables, señaló la defensa de la fiscala Giménez.
Asimismo, indicaron que todo esto deja un precedente nefasto para la Justicia paraguaya teniendo en cuenta de «en manos de quién» están los trabajos y las actuaciones de doctores y respetados profesionales del Derecho que hoy se desempeñan como jueces y fiscales.
