Inacción de las autoridades hace presumir complicidad
Se estima que alrededor de 10.000 docentes, casi todos del interior del país, habrían caído en las redes de empresas que, bajo el disfraz de proveedores y sin ningún escrúpulo, operan dentro de un esquema de usura saqueando a humildes educadores mediante el descuento directo de sus salarios.
La compra de algún electrodoméstico, ropas o simplemente un crédito para pagar cuentas, ha llevado a miles de docentes a su peor pesadilla, ya que las empresas dedicadas a la provisión de estos productos o al otorgamiento de préstamos, han encontrado terreno fértil para la aplicación de sistemas de cobro en donde los incautos docentes terminan siendo víctimas de millonarios despojos.
El Ministerio Público, viene manejando denuncias concretas de docentes que fueron perjudicados con este sistema que contaría con la complicidad de los juzgados de paz, a donde recurren éstas empresas para conseguir en tiempo récord y sin mayores trámites el embargo de los salarios, a pesar de haber cobrado la totalidad de las deudas.
Por ejemplo, una de estas empresas otorga un crédito o entrega algún electrodoméstico a un maestro generándose así una deuda por el cual se le hace firmar al educador un pagaré por el monto adeudado. Pero además de esto, este mismo docente firma otro documento por el cual autoriza al descuento compulsivo, de su salario, de la cuota fijada para el pago de la deuda.
El problema con los profesores es que, luego de haber abonado todas las cuotas correspondientes para saldar la referida deuda, y sin recibir un finiquito del mismo, las empresas ejecutan los pagares como si fuera que nunca cobraron.
Las empresas en cuestión actúan de manera tan alevosa y descarada que se han encontrado casos en donde se han falsificado documentos (especialmente los pagarés) y como supuestos testigos de la firma de la víctima, se presentan los mismos empleados, lo que podría configurarse lis y llanamente como una vulgar estafa.
Las demandas por cobro de haberes se inician en los juzgados de paz de la zona, donde en forma inmediata, a través de juicios ejecutivos y sin comunicar a los afectados, se autoriza judicialmente el embargo de los salarios de los maestros.
“Soy profesora, madre soltera y vivo en alquiler y ahora me descuentan el 70% de mi salario. Estoy desesperada”, decía una de las víctimas de este esquema perverso.
COMPLICIDAD
Además de la sospechosa actuación de los juzgados de paz, estas empresas usureras contarían con la complicidad de autoridades del Ministerio de Educación y de la Asociación de Funcionarios (Afemec) que permiten alegremente el descuento compulsivo y hasta si se quiere criminal, para beneficiar a los inescrupulosos.
Asimismo, la falta de control de los organismos reguladores como el Banco Central del Paraguay (BCP), la Superintendencia de Bancos, entre otros, es también caldo de cultivo para que pululen éstas empresas que por décadas han saqueados a los humildes docentes, aunque entre las víctimas también se encuentran trabajadores de blanco e incluso uniformados, como el caso de algunos efectivos de la Policía.
Si bien las denuncias rondan hasta ahora poco más del centenar de casos, se calcula que alrededor de 10.000 docentes habrían sido engañados ya con el sistema usurario.
Se aguarda que más profesores se sumen a las denuncias a fin de que las empresas paguen por los perjuicios ya ocasionados principalmente a los trabajadores de la educación.
La nómina de empresas y empresarios inescrupulosos que forman parte de este esquema mafioso, se mantiene todavía en resguardo para no entorpecer las investigaciones del Ministerio Público pero oportunamente serán dadas a conocer.
