ASI COMO LOS 160 ABOGADOS QUE HABRIAN COMPRADO SUS CERTIFICADOS
En enero de 2019, la Dra. Laura Sena firma contrato con el Sanatorio Migone como profesional en “Pediatría”. En agosto de ese año, muere bajo su cuidado el niño de dos años Renato Rojas Talavera. A raíz de este hecho, se inicia una investigación y tras la denuncia de que Sena no podía ejercer aun como profesional pediatra, aparece mágicamente un sospechoso título de la Universidad Católica, la misma casa de estudios donde se denunció de que, al menos, unos 160 abogados se recibieron de la Facultad de Derecho habiendo comprado sus títulos.
A los dos días del mes de enero de 2019, la médica LAURA ANDREA SENA FIGUEREDO firma contrato con el SANATORIO MIGONE BATTILANA S.A., ya como pediatra, con Registro Profesional N° 14.425.
“EL/LA PROFESIONAL (sic) se dedica al ejercicio de su profesión como Médico/a Cirujano/a contando con experiencia y especialización en el Área de Pediatría”, señala textualmente el contrato firmado por ambas partes.
En agosto del mismo año, más precisamente el día 20, Sena Figueredo atiende, como pediatra, al niño RENATO FEDERICO ROJAS TALAVERA, quien por negligencias médicas varias, según acusación de la misma Fiscalía, fallece ese mismo día. Incluso ya antes del trágico suceso, la misma galena ya había atendido a Renato en su consultorio como Pediatra.
A raíz de la muerte de Renato, se inicia una investigación y se observa que al momento de la firma de contrato entre Sena Figueredo y el Sanatorio Migone Battilana, la médica ni siquiera habría presentado su Matrícula que la habilitaba como Profesional en Pediatría, hecho que fue pasado por alto incluso por los mismos directivos del citado centro hospitalario.
Sospechosamente, luego del incidente con el pequeño Renato, en agosto de 2019, aparece un título de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) con fecha del 17 de julio de 2019, en el que supuestamente Laura Sena Figueredo aprobó el Curso de Postgrado en Pediatría que la acredita ser “Especialista en Pediatría”, pero que recién se Matricula en Setiembre de 2019, un mes después de la muerte de Renato.
Recordemos que recién con la Matriculación se puede ejercer la profesión, sin embargo, Laura Sena firma un contrato con “experiencia y especialización en el Área de Pediatría” con el Sanatorio Migone, nueve meses antes de contar con la referida habilitación.
¿Cómo es posible que en el Sanatorio Migone Battilana nadie haya requerido a la supuesta profesional su Matrícula de Pediatra para entregarle un cargo tan delicado poniendo en sus manos la vida de niños sin tener la habilitación para ello?.
¿TITULO FALSO?
Para la defensa de la familia Rojas-Talavera, ejercida por los abogados Juan Martín Barba y Rodrigo Cuevas, resulta sumamente sospechosa la aparición del título de la UCA, recién después de la muerte de Renato, luego de denunciarse que Laura Sena Figueredo no estaba habilitada para ejercer la profesión de Pediatra ya que no poseía título y mucho menos Matricula que la habilite.
Las dudas aumentan incluso cuando la abuela de Renato, Rosi Angulo, denuncia que el abogado Alfredo Montanaro, del equipo de Cristian Kriskovich (acusado de acoso sexual), es el que en plena audiencia del juicio por la muerte de Renato, lleva al abogado del Migone, Ricardo Preda, la Constancia de que supuestamente Laura Sena concluyó en febrero de 2019 su “Especialización en Pediatría”.
Casualmente la jueza del caso Renato, Lici Teresita Sánchez, la misma que atiende en el caso de la demanda por “daños morales” por USD 450.000 que Kriskovich entabló a la ex alumna de la UCA, María Belén Whittingslow, quien la acusó de “acoso sexual” y que actualmente está en carácter de refugiada en el Uruguay ante la falta de garantías jurídicas, luego de que la jueza Sánchez dictará varias medidas a favor de Kriskovich y en contra de Whittingslow.
OSCURO ANTECEDENTE
Las sospechas de que el título de la UCA que apareció mágicamente después de la muerte de Renato, sea legítimo, está fundamentada en los oscuros antecedentes de la Universidad Católica en donde una Comisión Interventora encabezada por el Dr. Antonio Tellechea (+) constató que 80 egresados del 2012 y 80 egresados del 2013, de la Facultad de Derecho de la UCA estuvieron involucrados en la compra de notas. Sin embargo, el grave hecho concluyó con apenas la acusación a 40 exalumnos y algunos funcionarios menores de la institución educativa.
Al respecto, el Presbítero Narciso Velázquez, rector de la UCA negó rotundamente lo que había detectado la Comisión Interventora y aseguró que las irregularidades se limitaron a estudiantes no egresados. Pero, jamás permitió que el sistema informático de la institución sea peritada.
Hoy día, al menos unos 120 egresados de la Facultad de Derecho de la UCA estarían ejerciendo la profesión de abogados en forma totalmente irregular ya que nunca se aclaró el caso.
Y, así como el caso de los abogados, también sospechan de que el título de Pediatría de Laura Sena Figueredo sea legítimo. Pero el problema fundamental es ¿quién le interviene a la Universidad Católica? teniendo en cuenta que el presidente del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), entidad reguladora del sector, es también el Presbítero Narciso Velázquez, rector de la UCA y su representante ante el Consejo de la Magistratura, órgano que maneja jueces y fiscales, es Cristian Kriskovich, con mandato fenecido hace ya bastante tiempo.
