CIUDADANIA TERMINARA PAGANDO LOS SUPUESTOS “BAJOS INSTINTOS” DE CRISTIAN KRISKOVICH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emplazó al Gobierno de Paraguay, por tres meses, prorrogable por un mes más, para presentar sus observaciones con relación al caso del presunto acoso sexual del profesor de la Universidad Católica de Asunción (UCA) Cristian Kriskovich, a su ex alumna Belén Whittingslow, quien actualmente se encuentra exiliada en el Uruguay a raíz de groseras irregularidades dentro del proceso judicial iniciado tras su denuncia en contra del educador. Tal como lo adelantáramos en ExpressNews, ya en noviembre del año pasado, el ciudadano paraguayo terminará pagando de su bolsillo, los presuntos bajos instintos de un profesor de la UCA que hasta hace poco gozaba de plenos poderes dentro de la justicia paraguaya.
La CIDH dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en fecha 19 del corriente mes, informó a Whittingslow que, de acuerdo a la denuncia que había sido presentada por TEDIC y CEJIL, “se han remitido las partes pertinentes de su petición al Gobierno de Paraguay y se ha fijado un plazo de tres meses, prorrogable si fuese necesario hasta un máximo de cuatro meses, contados desde la fecha de transmisión de la presente comunicación, para que presente sus observaciones, conforme al Artículo 30 (3) del Reglamento de la CIHD”.
El caso guarda relación con el profesor de la Universidad Católica, Cristian Kriskovich, quien envió unos 1.600 mensajes de tinte sexual a su entonces alumna Belén Whittingslow, la misma que la denunció luego por acoso sexual pero que, lejos de recibir justicia, tuvo todo tipo de contrariedades de fiscales y jueces a tal punto de ser declarada rebelde y con orden de captura, por lo que tuvo que pedir refugio al Uruguay donde se encuentra hace ya tres años.
La víctima además de ser acosada sexualmente por una persona que se encontraba en una posición de poder (era presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y miembro del Consejo de la Magistratura) fue re victimizada por el sistema de justicia paraguayo, ya que no se le respetaron las garantías del debido proceso y el acceso a la justicia en el proceso por acoso sexual que inició. Le fue denegada, por ejemplo, la pericia de su celular como prueba fundamental del acoso sexual y conexión con los demás procesos posteriores. La denuncia de Belén fue desestimada incluso con base en argumentos discriminatorios y con la insólita calificación fiscal a Kriskovich de «galanteador y cortejador de alumnas».
Además, posterior a la desestimación de su denuncia, Belén fue involucrada en otros procesos judiciales en su contra, que continúan hasta la fecha, una como imputada en el ámbito penal por supuesta “producción de documento no auténtico”, sin ninguna prueba del mismo y otra como demandada en el ámbito civil por parte de su agresor, Cristian Kriskovich quien le reclama el pago de 450.000 USD por supuestos daños y perjuicios.
Al ser ordenada su captura de manera injusta, por la jueza Lici Teresita Sánchez, cuya actuación fue totalmente desvirtuada por una auditoria de la misma Corte Suprema de Justicia, que pidió remitir todos los antecedentes al Jurado de Enjuicimiento de Magistrados (JEM), donde Kriskovich era presidente, Belén no tuvo otro camino que solicitar refugio al gobierno uruguayo.
El Caso de Belén Whittingslow refleja la situación de la violencia de género, discriminación,
estigmatización y falta de acceso a la justicia que sufren las mujeres que buscan justicia y
reparación en la región, por ello es fundamental que el SIDH (Sistema Interamericano de Derechos Humanos), conozca el caso y pueda pronunciarse, había señalado el comunicado emitido de manera conjunta por las dos organizaciones que presentaron la denuncia ante la CIDH.
PRESIDENTE DEL CONES
Lo más lamentable es que, a pesar de los 1.600 mensajes que el mismo Cristian Kriskovich reconoció haberlos enviado a su alumna Belén Whitingslow, antes que se haga el peritaje de los celulares, la Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción» de la mano de su Rector, presbítero Narciso Velázquez quien además es presidente del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), el profesor acosador continua dando clases en la citada casa de estudios que a estas alturas ya se ha vuelto cómplice de quien fuera calificado como «galanteador y cortejador» de alumnas por la misma justicia.
De tener un fallo adverso ante la CIDH, el Estado paraguayo, es decir el ciudadano común, una vez más deberá pagar, en este caso, por la calentura y los bajos instintos de quien tenía que garantir por la educación y la moral de sus jóvenes alumnos.
Recordemos que, en el caso más reciente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Paraguay a abonar millonarias indemnizaciones por la violación de la independencia judicial en la “destitución de forma arbitraria” de los exministros de la Corte Suprema de Justicia, Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea, separados de sus cargos vía juicio político en el 2003. La CIDH dispuso una indemnización de US$ 480.000 para Ríos Ávalos y US$ 250.000 para los familiares de Fernández Gadea (+).