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martes, diciembre 7, 2021
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Paraguayos podrían pagar «calentura» de un profesor de la Universidad Católica, ex JEM y CM

LLEVAN HOY ANTE LA CIDH EL CASO DE BELEN WHITTINGSLOW

Las ONGs Tecnología y Comunidad (TEDIC) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentan hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia en contra del Estado paraguayo por «falta de acceso a la justicia, discriminación y falta de independencia judicial» en el caso de la joven Belén Whittingslow quien denunció por acoso sexual a su profesor en la Universidad Católica, Cristian Kriskovich, quien era además miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y del Consejo de la Magistratura (CM) y por presuntas manipulaciones a la justicia, hoy día la joven se encuentra exiliada en Uruguay.

Comunicado de las ONGs sobre caso Belén Whittingslow

Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Paraguay a abonar millonarias indemnizaciones por la violación de la independencia judicial den la destitución de forma arbitraria a los exministros de la Corte Suprema de Justicia, Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea, separados de sus cargos vía juicio político en el 2003. La CIDH dispuso una indemnización de US$ 480.000 para Ríos Ávalos y US$ 250.000 para los familiares de Fernández Gadea.

Belén Whittingslow, exiliada en Uruguay

Con la denuncia presentada hoy por TEDIC y CEJIL ante la CIDH el Estado paraguayo, es decir todos los contribuyentes, se expone nuevamente al pago de una millonaria indemnización, esta vez, por los deseos perversos de un profesor de la Universidad Católica, Cristian Kriskovich, quien envió unos 1.600 mensajes de tinte sexual a su alumna Belén Whittingslow, la misma que la denunció por acoso sexual pero que, lejos de recibir justicia, tuvo todo tipo de contrariedades de fiscales y jueces a tal punto de ser declarada rebelde por lo que tuvo que pedir asilo al Uruguay donde se encuentra exiliada.

La víctima además de ser acosada sexualmente por una persona que se encontraba en una posición de poder fue re victimizada por el sistema de justicia paraguayo, ya que no se le respetaron las garantías del debido proceso y el acceso a la justicia en el proceso por acoso sexual que inició, le fue denegada la pericia de su celular como prueba del acoso sexual y conexión con los demás procesos posteriores y el mismo fue desestimado con base en argumentos discriminatorios. Además, se le involucró en un proceso penal por compra de notas universitarias, sin que existieran pruebas en su contra, le cancelaron la defensa y fue declarada en rebeldía, ordenada su captura, y le fue retirado el acceso a los expedientes de su causa, por razones ajenas a las establecidas en la Ley.
Belén fue involucrada en dos procesos judiciales en su contra, que continúan hasta la fecha, como imputada en el ámbito penal por supuesta “producción de documento no auténtico” y como demandada en el ámbito civil por parte de su agresor quien reclama el pago de 450.000 USD por daños y perjuicios. Al ser ordenada su captura de manera injusta, Belén se vio obligada a pedir refugio en un país vecino.
El Caso de Belen Whittingslow refleja la situación de la violencia de género, discriminación,
estigmatización y falta de acceso a la justicia que sufren las mujeres que buscan justicia y
reparación en la región, por ello es fundamental que el SIDH (Sistema Interamericano de Derechos Humanos), conozca el caso y pueda pronunciarse, señala el comunicado emitido de manera conjunta por ambas organizaciones.

LAMENTABLE

Presbítero Narciso Velázquez, presidente CONES

Lo más lamentable es que, a pesar de los 1.600 mensajes que el mismo Cristian Kriskovich reconoció haberlos enviado a su alumna Belén Whitingslow, antes que se haga el peritaje de los celulares, la Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción» de la mano de su Rector, presbítero Narciso Velázquez quien además es presidente del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), el profesor acosador continua dando clases en la citada casa de estudios que a estas alturas ya se ha vuelto cómplice de quien fuera calificado como «galanteador y cortejador» de alumnas por la misma justicia.

De tener un fallo adverso ante la CIDH, el Estado paraguayo, es decir el ciudadano común, una vez más deberá pagar, en este caso, por los bajos instintos de quien tenía que garantir por la educación y la moral de sus jóvenes alumnos.

 

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